El incidente del buque Ocean Mariner, cargado en Barranquilla con 84.000 barriles de combustible y posteriormente interceptado por Estados Unidos tras desviar su ruta hacia Cuba, debería encender todas las alarmas en Colombia. El caso expone al país a riesgos comerciales y financieros innecesarios.

Aunque comerciar con Cuba no es ilegal bajo el derecho internacional, sí lo es (a los ojos de EEUU) facilitar su suministro energético bajo el actual régimen de sanciones. Y la administración Trump ha sido clara al abrir la puerta a aranceles contra países que, directa o indirectamente, provean petróleo a la isla.

El detalle más inquietante es que el buque declaró como destino República Dominicana antes de alterar su rumbo. En el comercio marítimo, esas discrepancias son una señal clásica de intentos de evasión de sanciones. 

A ello se suma una pregunta elemental que el país aún no tiene respondida: ¿De quién era ese petróleo? ¿Salió de los inventarios de Ecopetrol o de una comercializadora privada que actúa como fachada? El riesgo de que la OFAC incluya a Ecopetrol en su lista negra es una amenaza existencial para la economía nacional.

Además: ¿ese combustible fue efectivamente pagado y en qué condiciones? ¿Se recibió el dinero en efectivo o estamos ante el opaco esquema de “intercambio por servicios” o “apoyo político y técnico”? También sería indispensable conocer cuánto petróleo se ha vendido a Cuba en los últimos años y bajo qué esquemas contractuales.

Jugar con el suministro energético hacia Cuba puede parecer un gesto simbólico de "soberanía", pero en el contexto actual de la Casa Blanca, esto se traduce directamente en aranceles punitivos, restricciones financieras severas y un daño irreversible a nuestras exportaciones. Al final del día, el costo de esta escalada no lo paga el Gobierno con sus discursos, sino el bolsillo de todos los colombianos.

Petro envía petróleo colombiano a Cuba