Florentino Pérez está utilizando el artículo 4 del marco disciplinario/competicional de UEFA como palanca política y jurídica para presionar a que el FC Barcelona pueda quedar excluido de competiciones europeas por el “Caso Negreira”

Lo que Florentino presenta como certeza (“UEFA meterá mano”) es, desde el punto de vista jurídico, un pronóstico interesado: UEFA no se ha pronunciado aún y dispone de un margen discrecional considerable, también para decidir que la respuesta adecuada ya se ha dado en el ámbito español o que el asunto está prescrito disciplinariamente.

El artículo 4 del Reglamento Disciplinario de la UEFA es radicalmente inaplicable al denominado “Caso Negreira”, por una doble razón técnico‑jurídica que cualquier operador serio del derecho deportivo internacional conoce: ausencia total de acreditación de un solo supuesto de amaño concreto de resultados y extinción de la potestad sancionadora por prescripción. 

El propio tenor del precepto exige una “comfortable satisfaction” de la implicación directa o indirecta del club en actividades encaminadas a arreglar o influir en el resultado de partidos determinados; no basta una narrativa mediática sobre pagos históricos, sino la identificación específica de encuentros afectados, patrones anómalos y una correlación probatoria robusta entre la conducta imputada y la alteración efectiva de la competición. 

En el caso del FC Barcelona no se ha declarado, ni en sede penal, ni en sede disciplinaria federativa o internacional, la existencia de un solo partido manipulado, lo que deja sin objeto el presupuesto fáctico mínimo para activar la cláusula de inelegibilidad.

A ello se suma un elemento de estricta seguridad jurídica: incluso en la hipótesis maximalista de reconducir los hechos a un tipo de corrupción deportiva lato sensu, el marco sancionador aplicable se encuentra sobradamente prescrito conforme a los propios plazos del ordenamiento UEFA, que reserva la imprescriptibilidad para los supuestos clásicos de match‑fixing con acreditación de amaños concretos, no para situaciones difusas de conflicto de intereses o gobernanza deficiente. 

Pretender sortear la prescripción vía construcciones creativas que equiparan un “clima de sospecha” a un amaño tipificado vacía de contenido la garantía temporal y vulnera frontalmente el principio de tipicidad y de irretroactividad desfavorable. 

Por lo demás, un dossier estadístico de designaciones y errores arbitrales “a favor” o “en contra” de un club, sin pericia independiente, sin metodología aceptada en la literatura especializada y sin conexión causal individualizada con decisiones arbitrales dolosas, carece absolutamente de valor probatorio para sustentar una sanción de la máxima gravedad (exclusión de competiciones europeas), y se asemeja más a un alegato político que a un cuerpo de prueba válido en un expediente disciplinario serio. 

Lo que realmente se discute es la prescripción disciplinaria: el Reglamento Disciplinario UEFA establece un plazo general de cinco años para “todas las demás infracciones”, siendo imprescriptibles solo los supuestos claramente subsumibles en match‑fixing, soborno y corrupción de partido. 

Los pagos a Negreira se encuadran más en un incumplimiento de deberes de integridad y conflicto de intereses que en un amaño de partidos stricto sensu, lo que activaría ese plazo quinquenal (agotado en 2023 tomando como último pago 2018). 

Pretender que UEFA retire títulos al Barça, además de políticamente delirante, es jurídicamente imposible por prescripción, falta de tipicidad competitiva y ausencia de amaños concretos que lo sustenten.

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ℹ️: Miguel Galán presidente del CENAFE y graduado en derecho 

《■UEFA no va a inventarse amaños donde no los hay: la denuncia de @Florentino2026_ y el @realmadrid por el Caso Negreira no llegará a ninguna sanción europea contra el @FCBarcelona ■》